Cuando el 1ro de marzo de 2011, ante las cámaras del Congreso Nacional reunidas Cristina Fernandez anunció la presentación de un proyecto de ley que regulara la venta de tierras, las comunidades indígenas y los movimientos campesinos no pudieron menos que llenarse de expectativas. “Será una norma amplia, que proteja a los agricultores familiares (…) Hay modelos a mirar, como Brasil” afirmó la presidenta.
La legislación brasileña considera la tierra un bien social. Las organizaciones y movimientos campesinos de la Argentina reclaman hace décadas que la tierra deje de ser tratada desde una óptica mercantilista. Es un reclamo que atraviesa a la sociedad desde que existe la civilización: no considerar la tierra como un producto comerciable, sino un recurso comunitario, indispensable para la producción de alimentos para las comunidades. En el concepto que se tiene sobre la tierra se juegan los pilares de la soberanía alimentaria.
La ilusión duró exactos 58 días. El 27 de abril hubo cadena nacional para presentar el proyecto de ley. En ninguna de las siete carillas se menciona la función social de la tierra. Ni siquiera la promesa textual se vio satisfecha, no existe en todo el proyecto mención alguna a los “agricultores familiares”.
Ese mismo día, a pocas cuadras del Congreso, la comunidad QOM “La Primavera” cumplía cuatro meses de acampe y 48 horas de huelga de hambre reclamando se respete la Constitución Nacional, que en su artículo 75 inc. 17 declara que la tierra que ocupan las comunidades originarias de ninguna manera “será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos” y también reclamando castigo para los responsables de la represión que en noviembre de 2010 asesinó a Roberto López, abuelo qom de 62 años.
Legislar sobre la venta de tierras a extranjeros es algo a lo que nadie en su sano juicio pudiera oponerse. Cada año vemos como cientos de miles de hectáreas pasan a manos extranjeras, incluso por valores inusitadamente bajos. Son emblemáticos los casos de Benetton, Tompkins, Joseph Lewis y Ted Turner. Pero limitar la venta a extranjeros no resuelve el acceso a la tierra para los pequeños y medianos productores, no garantiza el derecho a la misma de las comunidades originarias ni protege la conservación de los bosques nativos.
Los hermanos italianos Carlo y Luciano Benetton cuentan con un millón de hectáreas. ¿Será mejor que las adquiera la familia Blaquier, cómplice y artífice de asesinatos durante la dictadura y responsable directa de la masacre en la ocupación de Ledesma en julio de 2011?
El estadounidense Douglas Tompkins posee 270 mil hectáreas. ¿Será preferible que queden en manos del santafesino Jorge Ciccioli, responsable del asesinato de Cristian Ferreyra?
Regular la extranjerización de tierras ignora el núcleo de la injusticia rural: la concentración de tierras. Unos pocos tienen mucha tierra y muchos (campesinos e indígenas) tienen muy poca.
En la República Argentina, según datos del INTA, el 2 por ciento de las explotaciones agropecuarias controla la mitad de la tierra del país. Mientras que el 57 por ciento de las chacras, en su mayoría campesinos y pequeños productores, cuenta sólo con el 3 por ciento de la tierra. Entre 1988 y 2002, año en que se realizó el último censo agropecuario detallado, se redujeron en un 24,6% (de 422.000 a 318.000) las chacras y a pesar de no contar con datos fidedignos por las suspicacias que generó el censo 2008 es evidente que la concentración continúa avanzando.
Y mientras el Proyecto de Ley de “Protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales” no contempla la distribución y conservación de la tierra para los pequeños y medianos productores, tampoco pretende revertir el proceso de extranjerización previo. “No se afectará los derechos ya adquiridos. Esto quiero que quede absolutamente claro, porque si no significaría cambiar las reglas de juego y perjudicar a aquellos que adquirieron de buena fe con reglas que estaban vigentes hasta ese momento”, remarcó la Presidenta cuando anunció el proyecto de ley sobre extranjerización de tierras. Y consideró que, no respetar la legislación, “hablaría de un país poco serio”.
